La importancia histórica de esta reforma legal se pone de relieve al observar la realidad actual en España. Según una encuesta de la Plataforma correspondiente al 1er trimestre del 2010, el 51% de las empresas ha observado que el plazo de cobro medio con empresas privadas se ha alargado. En estos primeros tres meses del 2010, el plazo de cobro medio efectivo ha sido de 107 días, frente a los 101 días de plazo medio del 2009. Mientras, el plazo medio de cobro pactado se ha situado en los 93 días durante el 1er trimestre de 2010, frente a los 77 días del ejercicio anterior. Ambos datos contrastan con los 57 días de plazo de cobro medio efectivo en el conjunto de Europa (ver el resto resultados de la encuesta en el documento adjunto).
Más allá del plazo de cobro, la nueva Ley introduce aspectos importantes como su cómputo desde la entrega de la mercancía o servicio y no de la fecha de factura, como ocurría hasta la fecha. La Ley prevé mecanismos de verificación y cumplimiento, como la futura inclusión de los plazos medios de pago en las memorias auditadas de empresas, la aplicación del régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (con sanciones hasta 500.000 €), así como el papel de las organizaciones empresariales para invalidar cláusulas abusivas e ilegales.
El carácter histórico de la reforma ha aconsejado pactar un periodo transitorio de aplicación hasta 1 de enero de 2013, en que ya serán plenamente vigentes los plazos citados, así como algunas singularidades sectoriales. Los productos frescos, por ejemplo, gozarán de un plazo más corto (30 días), mientras que los proveedores de la obra pública civil deberán cobrar en un máximo de 120 días de forma excepcional hasta finales de 2011. Así, incluso este sector, como también la gran distribución, caracterizados por sus dilatados plazos de pago, cuentan ahora con nuevas reglas, distintas a la general pero más favorables que la práctica actualmente vigente.
La Plataforma reitera su vocación de seguir de muy cerca la aplicación de la Ley y velar por su estricto cumplimiento. En este sentido, recuerda que el futuro Reglamento debería dar forma a un eventual Observatorio sobre Plazos de Pago, y concretar a su vez algunos puntos de la Ley, como la definición de la indemnización por costes de cobro. La Plataforma seguirá también su batalla particular en cuestiones afines como el ingreso anticipado del IVA impagado.
En palabras de su portavoz, Antonio Cañete, "la misión de la Plataforma no acaba aquí; hemos llegado al final de una etapa, pero nos encontramos también en el comienzo de una nueva era, en la que tendremos que emplearnos a fondo para seguir defendiendo el cumplimiento de la ley que hará a nuestras empresas más competitivas y viables”.
Por su parte, Pedro Torres, coordinador de la Plataforma, considera que "en virtud del resultado obtenido en esta votación histórica, se restablece el principio de equidad entre empresas, pero también de oportunidad y competitividad para el tejido empresarial, por cuanto nos situamos en un mismo estatus que nuestros vecinos europeos”.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad es una agrupación nacional que engloba a más de un centenar de asociaciones sectoriales de toda España, en representación de más de 1,5 millones de empresas, que emplean a más de 4 millones de trabajadores y que suponen un volumen de negocio superior a los 150.000 millones de euros, un 15% del PIB español.
leido en: conaif
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